Aram Aharonian.- La unicameral Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición de derecha, declaró este domingo que el gobierno realizó un golpe de Estado, durante una ruidosa sesión que fue interrumpida cuando militantes oficialistas irrumpieron en la cámara. Los legisladores se comprometieron a enjuiciar al presidente Nicolás Maduro después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) bloqueó el jueves la campaña de la oposición para revocar el
cargo al mandatario.
“Es una peligrosa incitación a crear situaciones de ingobernabilidad, pedir la intervención militar en apoyo a sus posiciones y la demanda sistemática de una intervención extranjera de la mano de la OEA. Hasta ahora, los chavistas no han repelido las acciones de calle y desestabilización de la oposición, pero no existe seguridad que esta situación se mantenga, lo que bien podría dar lugar a una guerra civil”, alertó el sociólogo Álvaro Verzi Rangel.
La pugna de poderes se agudiza con las recientes decisiones emanadas de tres poderes: Ejecutivo, Judicial y Electoral y la reacción del Legislativo. La estrategia para la aprobación del Presupuesto 2017; la decisión de la Sala Electoral del TSJ en torno al 20% y el calendario electoral 2017 fijado por el Consejo Nacional Electoral enmarcan la confrontación: para unos se trata de la defensa de la democracia, mientras que para otros, es evidencia de que “en el país ya no hay democracia”.
“Nos encontramos en una etapa de crisis que nos advierte de peligros que acechan al sistema democrático y la paz del país (…), se podría generar un efecto expansivo sobre el resto de instituciones y en las prácticas políticas y sociales”, indica la socióloga Maryclén Stelling. Tan grave la situación que la Iglesia católica abandona temporalmente los relatos salvajes de la crisis política, y bendice la reconciliación, el diálogo y la convivencia. Arturo Sosa, superior de la jesuitas, señaló que “En la coyuntura actual los puentes para el diálogo hay que construirlos. Apenas se han puesto algunas bases para esa construcción”.
La lucha por el poder entre las dos grandes fuerzas que marcan el acontecer venezolano se hace cada día más tensa y exacerbada, hasta el punto de que se ha llegado a considerar que el conflicto pudiera ser zanjado por una intervención militar, mientras se dificultan cada vez más las negociaciones para la superación de la situación, caracterizada por una divergencia de base: la oposición, a partir de varias consideraciones, exige la salida de Nicolás Maduro de Miraflores; el sector gubernamental está en desacuerdo con ese planteamiento y argumenta en sentido contrario.
Mientras, el presidente sigue de gira en Medio Oriente y será recibido por el Papa en El Vaticano. Para la oposición abandona el poder, para otros es muestra de “normalidad”.
La semana pasada la mayoría parlamentaria opositora aprobó en la Asamblea Nacional una declaración en la que se expresa que se está en presencia de “la violación de los derechos fundamentales, de los principios y valores consagrados en la Constitución” por parte del Ejecutivo, y en la que se insta a la institución militar a actuar en función del “restablecimiento del Estado de derecho, de la vigencia de los derechos fundamentales y de los principios democráticos” y “a desconocer los actos del Ejecutivo Nacional y del TSJ que lesionen la Constitución”.
La Asamblea Nacional denunció una ruptura del orden constitucional cometida por el régimen de Maduro, y resolvió convocar “al pueblo de Venezuela a la defensa activa de nuestra Carta Magna” hasta lograr la restitución del orden constitucional y solicitar a la comunidad internacional la activación de mecanismos para el retorno de la democracia.
Julio Borges, el jefe de la bancada opositora, del derechista Primero Justicia, dijo que el Congreso está ahora en abierta rebelión contra el gobierno. Más aún, la Asamblea Nacional llamó a la rebelión popular y a una presión internacional.
